Conforme a la sección 1.3 del Reglamento 39 para la Fiscalización de Gastos de Difusión Pública y habiendo culminado el escrutinio general, las entidades gubernanentales pertenecientes a las tres Ramas de Goibierno no deberán solicitar autorización para incurrir en gastos para la compra de tiempo y espacio en medios de difusión pública.

Es una limitación legal a la publicidad pagada con fondos públicos en año electoral. La misma busca que no se utilicen fondos públicos para favorecer un candidato, partido político o ideología en detrimento del resto de las alternativas electorales.